La causa sobre la muerte de Francisco Javier Romero, Jimmy, en el marco de un enfrentamiento callejero entre miembros violentos del Frente Atlético y Riazor Blues en noviembre de 2014 se ha abierto y cerrado tantas veces por la justicia que resulta complicado entender qué se sabe y qué no sobre aquellos vergonzosos hechos que tanto mancharon la imagen del Atlético de Madrid y su afición.
Cuando ya parecía que el caso se cerraba definitivamente sin autor conocido de la muerte violenta de Jimmy, la Audiencia Provincial ha decidido reabrir la causa una vez más. Desautoriza al juzgado que lo archivó y le pide que tome en consideración las pruebas e indicios que desechó contra tres ultras miembros, en aquel entonces, del Frente Atlético.
La clave de todo este cambio es un testimonio tardío de una mujer, exnovia de uno de los ultras participantes en la riña, que vendría a reforzar, según los magistrados de la Audiencia, otros indicios y testimonios, como el de uno de los ultras del Frente Atlético que a los pocos meses señaló como autores del crimen a algunos de sus compañeros. Testimonios ambos que no consideró sólidos el último juez del caso.
QUIÉN ES QUIÉN EN EL CASO JIMMY
Los ultras presuntos responsables
La Audiencia pide el procesamiento de tres personas como presuntos autores de la muerte de Jimmy. Son José Luis Z. P., Francisco Javier J. L. y Diego P. P. Los tres han sido señalados por la investigación policial en distintos momentos del proceso, pero también lo han sido por un testigo protegido y, más tarde, por la exnovia de uno de los participantes en la riña, cuyos testimonios vuelven a cobrar fuerza.
La mujer maltratada
El testimonio de Fimia C. ha sido clave para la reapertura del caso. Era la compañera sentimental de Víctor M., otro de los miembros del Frente Atlético participante en la riña. Acabaron mal. En 2018 ella le denunció por malos tratos y a la hora de retratar el presunto carácter violento de su novio relató una escena que después sería clave para el caso Jimmy.
Contó que en su casa se celebraron reuniones con miembros del Frente Atlético en el que veían los vídeos de la pelea y se jactaban de haber matado a Jimmy: “Los del Frente veían la secuencia de la paliza una y otra vez y se jactaban del asesinato mientras consumían grandes cantidades de alcohol y drogas (...) Ellos mismos se acercaban a la tele y se señalaban en la pantalla entre risas. Recuerdo que había uno, Diego P.P., que decía: 'Mira soy yo el que empuja a Jimmy al río, yo le tiré, yo le maté”.
El juez no consideró creíble esta declaración porque la hizo con motivo de la denuncia por maltrato contra su pareja y hasta entonces no había dado muestras de tener conocimiento de lo ocurrido pese a la notoriedad del caso.
La Audiencia, en cambio, considera en el auto de reapertura del caso del 16 de octubre que ese comportamiento es normal en una persona que temía represalias de un grupo violento. Aseguran que “la explicación según la cual la testigo decidió romper el silencio precisamente con ocasión de denunciar a su pareja, integrada en un grupo radical violento, es conforme a máximas de experiencia y no tiene porqué evidenciar un móvil espurio.” Es decir, no ve razones para concluir que la mujer se inventó la escena para sacar provecho en su juicio por maltrato.
Es más, los magistrados de la Audiencia le dan valor de testimonio directo al ser producto de haber oído una espontánea declaración autoinculpatoria de Diego P.P., y destacan que su declaración refuerza la del testigo protegido Pablo V.P., que había señalado tres años antes a las mismas personas como responsables de la muerte de Jimmy.
El delator
El testimonio del testigo protegido Pablo V.P. es otro de los caballos de batalla del caso. Su declaración sirvió en 2016 para condenar por homicidio a 6 años de internamiento a Álvaro G.C., alias “Kit kat”, un menor que pasaba por ser uno de los líderes del sector joven del Frente Atlético (fue juzgado en un juicio distinto al resto de acusados al ser menor edad). "Tras observar cómo un joven mayor de edad golpeaba en la cabeza a Jimmy, y que éste caía al suelo, valiéndose de la defensa extensible que portaba (Álvaro G.) le golpeó con ésta en la zona abdominal y, con ánimo de causarle la muerte, continuó propinándole golpes ayudado por tres mayores", decía una sentencia que consideró creíble al testigo.
En concreto, la juez observó ausencia de “incredibilidad subjetiva, verosimilitud de los hechos denunciados y persistencia en la incriminación”. Sin embargo, sólo cinco meses después, la Audiencia Provincial le llevó la contraria. Absolvió a Álvaro del homicidio (no de participar en la pelea) ante la falta de pruebas suficientes y por la falta de credibilidad del testigo protegido. Resulta que Pablo V.P. no juró ni prometió decir la verdad. Le había eximido la juez por estar también imputado en el procedimiento de la riña y estimaron que podía buscar una exculpación con su declaración.
Ese criterio de la Audiencia sobre el testigo, junto a la mala calidad de las grabaciones de los hechos, también fueron claves para el posterior archivo de la causa contra los investigados mayores de edad en 2016 (entonces aún no se había producido el testimonio de Famia C.) y en 2018 (cuando también se restó credibilidad al testimonio de Famia.C).
Así ha sido hasta ahora. Es más, esa falta de credibilidad del testigo Pablo V.P. estaba fundada también en la velada sospecha de que su testimonio no era sino una manipulación por parte de algunos investigadores policiales para apuntalar unas investigaciones con resultados insuficientes, a cambio de algún tipo de beneficio para el delator.
Sin embargo, la Audiencia Provincial, con distintos magistrados esta vez, da otro vuelco en su último auto del 16 de octubre al cambiar radicalmente de opinión. Aclara que Diego P.P. aunque fuera identificado en la pelea, no fue uno de los primeros sospechosos de la policía como autor del homicidio (en su primera investigación acusaron a Álvaro G. a Ismael L., a Sergio S. y a Francisco Javier J.). Por eso, “si (Diego P.P.) no era sospechoso para los investigadores policiales de haber formado parte del grupo que agredió y mató a Francisco Javier R. T., no parece lógico vislumbrar, prima facie, que la información proporcionada por Pablo V. P. sobre la participación de Diego P. pueda responder a un turbio montaje policial. Al contrario, es una información original y novedosa.”
Además, afirma que no consta que haya algún tipo de enemistad entre el testigo y los acusados “que pudieran animar al referido Pablo V. a declarar mendazmente contra Diego P.P. o bien contra el resto de los investigados a los que ha identificado como integrantes del grupo agresor.”
Es más, apuntala la presunción de veracidad en que el testigo sabía las consecuencias de hablar, lo que le llevó a ser amenazado por otros dos miembros del Frente Atlético. “No vemos razones claras que excluyan la verosimilitud de lo manifestado por el referido V. P., y desde luego el hecho de convertirse objetivamente en un delator no parece que sea una experiencia grata para nadie”, concluye el auto.
Errores policiales
Que la policía no tenía bien afianzada su investigación inicial se constató rápido. Antes de conseguir el testimonio de Pablo V.P., los cuatro primeros detenidos mayores de edad por la muerte de Jimmy fueron excarcelados en mayo de 2015. En un vídeo de los hechos, los investigadores habían confundido a Jimmy con el otro ultra del Depor que fue arrojado al Manzanares y que salió del río con algunas lesiones pero vivo. Eso junto a los cambios en los testimonios de un agente de Movilidad y de un taxista que grabó un vídeo de la reyerta, provocaron su puesta en libertad.
Aquello restó credibilidad a la investigación y dio la sensación de que la policía buscaba un culpable como fuera. Respecto a los vídeos de la pelea, la propia policía científica tuvo que admitir que "no era posible realizar estudios fisonómicos ni antropométricos de las personas arrojadas al río". La mala calidad de los vídeos no permitía identificaciones concluyentes.
Sin embargo, la Audiencia Provincial vuelve ahora a poner en valor dichos vídeos. No como pruebas en sí mismas pero sí como un elemento que puede sumarse a otros indicios. Por eso, afirma que “el valor de los reconocimientos basados en las singularidades del vestuario y los rasgos generales de complexión física que pueden apreciarse en el video mencionado, tras ser contrastados con otras instantáneas obtenidas en el contexto de la reyerta de alguno de los investigados, es limitado y relativo, pero no deja de ser susceptible de configurar un indicio individualizador capaz de confluir con otros (...) sobre todo si tenemos en cuenta que hay identificaciones basadas en prendas con colores y dibujos no genéricos. Tales identificaciones se han llevado a cabo además por funcionarios policiales que conocían bien a los así identificados.”
Para completar este apartado, la Audiencia pide que se concluya el informe pericial sobre tales imágenes encargado por una de las partes acusadoras, La Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Y AHORA QUÉ
La Audiencia reabre el caso e indica al juez encargado que debe valorar adecuadamente las pruebas dando mayor veracidad a los testimonios de Pablo V.P., y de Famia.C. Además deberá tener en cuenta las identificaciones de los vídeos en aquellos casos en los que los testimonios e indicios puedan confluir.
Álvaro G. no puede volver a ser juzgado pero José Luis Z. P., Francisco Javier J. L. y Diego P. P., sí están nuevamente procesados como indiciarios coautores de la muerte de Jimmy, mientras que los citados José Luis Z. P. y Francisco Javier J. L., así como Sergio S. M. e Ismael L. P., serán procesados además como indiciarios coautores de las lesiones sufridas por Santiago Miguel A. M., el otro ultra del Depor arrojado al río.
Ya se verá si esta decisión conduce o no a una condena nueve años después. De momento todos los protagonistas de esta historia ya forman parte del grupo de 75 ultras condenados en la pieza separada correspondiente exclusivamente a la riña tumultuaria, al margen del homicidio.
El delator Pablo V.P., el absuelto Álvaro G., los investigados por homicidio y lesiones, José Luis Z.P., Francisco Javier J.L. y Diego P.P., así como los investigados por lesiones, Sergio S.M e Ismael L.P., fueron todos condenados el pasado 30 de diciembre como autores responsables de un delito de lesiones en riña tumultuaria a la pena de multa de 2 meses, con una cuota diaria de 5 euros. Una pena muy reducida, entre otras cosas, por culpa de las dilaciones del proceso. Una pena ínfima si realmente entre ellos están los que mataron a Jimmy causándole, como reflejó la autopsia, un "traumatismo craneoencefálico con hemorragia interna y estallido de víscera maciza, bazo, provocado posiblemente con barra de hierro de 2,5 centímetros de grosor".
